La responsable de la sociedad Parque Ecológico - Hotel Castillo del Loro, Mirtha Bustamante García, demandó resarcimiento por el irregular allanamiento del sitio turístico. El daño económico que causó con el cierre de este predio por el tiempo de seis meses y la inversión ejecutada, en la refacción en la infraestructura e implementación de aéreas, ascendería a 200 mil dólares.
El hotel ubicado en la localidad de Sud Yungas es una edificación de piedra que se encuentra camino a Yanacachi y cuenta con vegetación y cascadas de agua que le muestran un sitio de ensueño. Se puede llegar desde la Sede de Gobierno hasta el lugar en dos horas y media.
Según versión de Bustamante, recibieron los propietarios Jorge, Antonio Gonzalo y Carlos Portugal este sitio turístico por el tiempo de 10 años con la única condición de restaurar sus ambientes que durante quince años fueron abandonadas y estaban muy deterioradas.
Desde la adjudicación se realizan una serie de reformas y adecuaciones en la infraestructura para promocionar este sitio turístico, enfatizó la empresaria: “El año 2012 y 2013 gastamos una considerable cantidad de dinero en la refaccionando los ambientes del castillo. Ello implicaría el pintado de los ambientes, refacción de muebles, adecuación de las habitaciones, compra de equipos para el deporte de aventura, la ampliación e implantación lugares de paseo y un sitio llamado la arboleda”.
La familia propietaria del sitio turístico había contraído el año 1994 una deuda por el monto económico de $us 50. 000 del Banco Boliviano Americano, entidad que luego quebraría. Esta deuda de esta entidad bancaría pasaría al Banco Mercantil y por último la asumiría el Banco Central de Bolivia (BCB).
“Nunca nos comunicaron los dueños que el Banco Central de Bolivia el año 2012 anunciaba mediante publicaciones de prensa el remate de esta propiedad”, lamentó.
Sin embargo, el BCB suspende el remate, porque la deuda había sido adjudicada a Rolando Kempff Bacigalupo. No obstante de nuestro desconocimiento -expresó Bustamante- a los quince días la propiedad fue allanada por un grupo de abogados, una notaria y en coordinación con el personal de trabajo se procedió a colocar candados en las puertas.
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