La normativa establece que la Policía, Migraciones y otras instancias tendrán la potestad de controlar el ingreso de menores de edad; el registro de las personas y la obligación de portar el carnet de identidad.
También exigirá a los centros nocturnos instalar el servicio de redes de internet para crear una plataforma de información para la Policía sobre los nombres, domicilios y otros datos de las personas que se hospeden en los alojamientos, hoteles, moteles y lenocinios.
“Formalmente vamos a enviar el proyecto en las próximas horas a la Gobernación, porque ellos son quienes tienen que elaborar la normativa; nosotros estamos enviando un borrador y seguramente se generará la normativa en un par de meses para la implementación”, informó el secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de El Alto, Dorian Ulloa.
Según el documento la primera línea de acción es la intervención y cierre de los bares ilegales, gracias a los trabajos coordinados con otras instancias ediles, se ha tenido éxito en ese tema.
Producto de los operativos contantes, la cantidad de cantinas ilícitas en la urbe alteña ha disminuido, fruto de aquello, ha bajado el índice delincuencial en El Alto en 40 por ciento.
En ese contexto, informó que ahora iniciarán una segunda línea se acción fundamental que es la intervención a los alojamientos, residenciales y hostales ubicados en distintos lugares de la urbe alteña.
“Hemos iniciado operativos en los alojamientos donde se realizarán controles permanentes, porque hemos visto que estas actividades se han convertido, lastimosamente, en hospedaje de inseguridad”, afirmó.
Añadió que en los operativos realizados a las actividades mencionadas, se ha encontrado a gente que vive en estos lugares; ciudadanos nacionales y extranjeros indocumentados; menores de edad; asimismo, se ha evidenciado el consumo de bebidas alcohólicas; a gente que portaba más de cuatro celulares; además faltas de inocuidad.
“Es preocupante, los alojamientos se han convertido en un espacio generador de inseguridad, por lo que la Intendencia y la Guardia Municipal tienen instrucciones claras para la intervención permanente y sostenida a estos lugares. Por otro lado, los controles van a ser con la misma intensidad que en los bares”, exhortó Ulloa.
Esta iniciativa tiene la finalidad de evitar los frecuentes hechos delictivos que ocurren en estos centros de paso, principalmente los ilícitos sexuales, como violación y estupro. La Policía en el presente año reportó varios casos en los que mujeres dopadas son introducidas a alojamientos en estado de inconsciencia, en muchos casos con la complicidad de los administradores del inmueble.
Asimismo, se registran varias denuncias por el consumo de bebidas alcohólicas, por parte de menores de edad y el hospedaje de extranjeros indocumentados que en muchos casos llegan al país para delinquir.
Para las autoridades municipales de aprobarse esa norma no significará ningún gasto económico para la Gobernación ni los municipios. Serán los propietarios de los centros de hospedaje los que paguen por la instalación de las cámaras de seguridad.
